Concepto de usura

La palabra usura se integra con dos vocablos latinos: “usus” en el sentido de uso, más el sufijo “ura” que indica actividad. Originalmente con esta palabra se designaba el interés que se cobraba al otorgar un préstamo, cualquiera sea su monto, aunque luego se aplicó solo a los intereses excesivos, o sea cuando se cobraba un monto desproporcionado por entregar el uso de dinero de otra persona, que tal vez debía aceptarlo igual, pues lo necesitaba con urgencia. En este caso el prestamista usurero se aprovecha de la situación de indefensión en que se halla el demandante del préstamo para sacar una ventaja que le proporcionará un enriquecimiento sin causa a costa del empobrecimiento de la contraparte, contrariando los principios de equidad y buena fe, que deben regir las relaciones contractuales.

Concepto de usura

La práctica de prestar dinero cobrando altos intereses ha sido mal vista culturalmente, por ejemplo por filósofos atenienses como Platón o Aristóteles, siendo las distintas religiones muy críticas al respecto, como el judaísmo, el cristianismo y el Islam. El cobro de intereses al clero fue prohibido por el Concilio de Nicea en el año 325 y doscientos años más tarde fue extensivo a los laicos. El rey de los francos y emperador de Occidente, Carlomagno, consideró a la usura como delito

Jurídicamente ya en el año 200 antes de Cristo, las leyes de Manú, en la India, prohibieron los intereses excesivos o usurarios. En la Antigua Roma fueron permitidos con el límite del valor de la “uncia” (duodécima parte) que era por ende del 12 % anual. El emperador Justiniano los redujo a la mitad. En los contratos de mutuo, que eran gratuitos, los intereses debían ser objeto de un pacto aparte.
En la mayoría de las actuales legislaciones del mundo la usura es un delito. En Argentina fue incorporada esta figura delictiva en el artículo 175 bis, sancionando con pena de multa cuyo monto fue actualizado en 1993 por ley 24.286, además de la prisión entre uno y tres años, pena que se agrava si el prestamista ejerce esa función como profesión siendo en este caso la pena de prisión de entre tres y seis años.