Concepto de estado de sitio

El estado de sitio es una situación excepcional por la cual en un Estado se restringen los derechos y garantías establecidas por la Constitución Nacional por causas graves que ponen en peligro la seguridad de la población en general. Existen dos motivos principales: el ataque exterior y la conmoción interna.

Se suspenden aquellas facultades que podrían acrecentar los riesgos, por ejemplo, la libertad de circulación o el derecho de reunión; pero no afecta a otros derechos que no perjudican el orden institucional como el derecho al trabajo, a la educación o la libertad de cultos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, reza en su artículo 27 que en caso de existir un grave peligro público se faculta a que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el pacto, siempre bajo las siguientes pautas: que sea por tiempo limitado hasta que acabe el motivo de la emergencia, que no se funde en causas discriminatorias, y que no se suspendan derechos fundamentales como el de la vida, a la liberta (reduciendo a las personas a esclavitud o servidumbre) a la integridad personal, a la nacionalidad, a la religión, los derechos políticos y los del niño. La medida y el alcance de la misma debe ser comunicada por el Estado declarante al resto de los que forman parte de la convención.

El poder estatal que tiene la potestad de declararlo, varía según los países. En Argentina, la Constitución Nacional faculta para su declaración al Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado si se trata de un ataque exterior. Si es por conmoción interna es un derecho del Poder Legislativo. Solo puede hacerlo el Presidente si el Congreso se encuentra en receso. Puede declararse en estado de sitio un punto del país o varios. Se hace por un período limitado de tiempo, hasta que cesa el peligro (artículo 99 inciso 16). Esta disposición se complementa con el artículo 75 inciso 29 que deja en manos del Congreso como dijimos, y por ser el órgano representativo la declaración del estado de sitio por conmoción interior. Además, establece que, si durante su receso fue declarado el estado de sitio por el Poder Ejecutivo, le corresponde al Congreso, aprobarlo o suspenderlo.

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, éste declaró el estado de sitio por decreto 714/89, estando el Congreso en sesiones. Fue ratificado ese decreto pocas horas después por el Poder Legislativo a través de la ley 23.662.
El artículo 23 de la Constitución Argentina impide al Presidente condenar o aplicar penas durante el estado de sitio, pues estas son atribuciones del Poder Judicial. El Ejecutivo solo puede arrestar y trasladar a las personas salvo que ellas prefieran abandonar el país. Justamente son los jueces los encargados de verificar la razonabilidad de las medidas que se toman durante el estado de sitio.

En España la declaración del estado de sitio le corresponde al Congreso de Diputados y la medida debe ser tomada a propuesta del Gobierno, por mayoría absoluta de votos, y podrá determinarse también cuáles serán los delitos que se someterán a la Jurisdicción Militar.