Concepto de jurisdicción

La palabra jurisdicción proviene de las palabras latinas “ius dicere”, que significan declarar el derecho, y por lo tanto la jurisdicción en sentido amplio, designa a la función de administrar justicia, para impedir la autodefensa violenta de los intereses particulares.

Jurídicamente, aunque no de manera estricta, posee distintas acepciones, aunque la primera que ya hemos mencionado es la técnicamente correcta:

1. Como ámbito territorial donde los organismos estatales de gobierno ejercen sus funciones judiciales o administrativas o espacios territoriales donde el estado ejerce su soberanía. Así se habla de aguas jurisdiccionales, por ejemplo.
2. Como facultad de un órgano estatal, ya sea judicial, legislativo o ejecutivo.

Si bien muchas veces se habla de jurisdicción como sinónimo de competencia, ambos vocablos tienen diverso significado. La competencia es el conjunto de asuntos que le son asignados a un juez, y sobre esos asuntos posee jurisdicción, o sea, aptitud de juzgar.

Reiteramos entonces que con precisión y basándonos en su etimología, jurisdicción significa aplicar el Poder Judicial una ley ya dictada, en ejercicio de la función legislativa, que se ejerce a través del iuris datio.

El estado moderno, a partir de la aceptación de la separación de los poderes, ha creado órganos específicos para el ejercicio de la jurisdicción que son los jueces, que resuelven conflictos de intereses y sancionan el incumplimiento de las normas legales.

La jurisdicción administrativa, por extensión, es la que se ejerce a través de los órganos administrativos del estado, que aplican también normas generales a casos concretos, para satisfacer necesidades de seguridad o de bien común. Por ejemplo, determinar el monto de un impuesto, disponer la construcción de escuelas u hospitales u otorgar una jubilación. La diferencia es que en su función administrativa el estado no resuelve conflictos, sino que ateniéndose a las normas legales cuida sus propios intereses para satisfacer fines de la sociedad. Por lo general si la Administración en ejercicio de sus funciones se contrapone en sus intereses con los particulares, se debe recurrir a la actividad jurisdiccional propiamente dicha, ejercida por el Poder Judicial.